Hacia la privatización de Hospitales Universitarios

El Senador Alberto Castilla, en el debate de control político de la situación de los Hospitales del Caribe y del Valle, realizado en la Comisión Séptima, llamó la atención del Ministerio y Superintendencia de Salud, respecto al aumento injustificado de gastos que sientan bases hacia la privatización de éstos. Leer más

Referencia: Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad (Expediente D-10673) contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social.

Bogotá D.C., 21 de abril de 2015
Honorables Magistradas y Honorables Magistrados
Corte Constitucional
Magistrada Sustanciadora
Gloria Stella Ortiz Delgado
E. S. D.
Referencia: Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad (Expediente D-10673) contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social.
Jesús Alberto Castilla Salazar, Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo y dirigente campesino1, identificado como aparece al pie de mi firma, presento intervención ciudadana en el proceso de la referencia con base en lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2076 de 1991.
Esta intervención coadyuva a la demanda de constitucionalidad D-10673 presentada por César Rodríguez Garavito, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, en la cual se solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la expresión “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” del artículo 13 de la Ley 685 de 2010. Los demandantes le solicitan a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de dicha expresión porque permite que inmuebles que tengan una función ambiental relevante puedan ser destinados a la actividad minera automáticamente. La demanda alega que esto impide el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad prevista en el artículo 58 de la Constitución, y que vulnera diferentes previsiones constitucionales que hacen referencia al lugar especial que tiene la protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico nacional, tales como el derecho al medio ambiente sano, la protección de las cuencas hídricas o el desarrollo sostenible, y otros bienes constitucionales como la protección de los recursos agrícolas, la salubridad pública y la autonomía de los municipios y distritos.

Ver Documento completo: Intervención Alberto Castilla // Artículo 7 del Decreto 2076 de 1991