Ejército Nacional viola constantemente el Derecho Internacional Humanitario y mantiene en zozobra a las comunidades campesinas

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El pasado 14 de Junio la Segunda Misión de verificación de la situación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario del Catatumbo publicó el informe donde describe las condiciones humanitarias de la región en términos de Derechos Humanos y derechos sociales. Ante esto el Senador Alberto Castilla emitió el siguiente comunicado:

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Imagen tomada de: Verdad Abierta

Agencia Nacional de Tierras debe resolver conflicto de tierras en hacienda Bellacruz

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El Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, llama a que se solucione con diligencia conflicto de tierras entre campesinos del Cesar y Efromovich dentro de la hacienda Bellacruz.

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El fracking es incompatible con cualquier esfuerzo por limitar el calentamiento global y atenta contra el campesinado

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En el marco del proceso judicial que adelanta el Consejo de Estado para decidir sobre la nulidad simple y sus medidas cautelares  que tienen suspendido el desarrollo del fracking en el país y el profundo debate nacional en materia energética, el senador Alberto Castilla presentó a los magistrado del alto tribunal una coadyudancia donde esgrime dos nuevos argumentos que deberán ser analizados por el Consejo de Estado para tomar una decisión al respecto.

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Gracias a ponencia negativa del senador Alberto Castilla, se logra eliminar Hipotecas Inversas de proyecto de ley del Ministerio de vivienda

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En noviembre de 2018 el Ministro Jonathan Tybal Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, hábitat, radicó un proyecto de ley que pasó su primer debate en la  Comisión VII de Senado el cual según el Senador Alberto Castilla lejos de garantizar un derecho a la vivienda aseguraba negocios a constructoras y entidades financieras.

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«Nueva Ley de Tierras» profundiza concentración de tierras, no culmina satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa y favorece a agroindustria

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Más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos al senador José David Name, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018, un proyecto de ley que va en detrimento de los derechos del campesinado, pueblos indígenas y afrodescendientes, legaliza el despojo, atenta contra los pequeños productores rurales y contra el ambiente.

 

Luego de hacer las revisiones a los cambios planteados en ponencia presentada por el senador José David Name, más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos a él, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018 “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”.

Vemos con preocupación que en este proyecto se mantienen disposiciones que, junto con sectores de la academia y personalidades políticas expertas en temas de tierras, hemos criticado insistentemente desde el año 2017 cuando fue publicada la primera versión de este proyecto de ley. Su adopción traería graves efectos, ya que es una norma altamente regresiva en cuanto a los derechos que el Estado Colombiano debe garantizar a las comunidades rurales para acceder a las tierras en condiciones de dignidad, de acuerdo con los mandatos constitucionales.

Las modificaciones propuestas demuestran el continuismo entre el gobierno de Iván Duque y el de Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con las políticas para el sector agropecuario. Mantienen diferentes medidas que enfatizan el modelo acaparador de tierras con lo que agravará la ya extrema concentración de la propiedad rural. Buscan legalizar la prescripción de baldíos -prohibida constitucionalmente- avalando por completo la apropiación, venta y cesión ilegal de estos terrenos, haciendo imposible para el Estado su recuperación, y afectando los derechos, actividad y cultura del campesinado favoreciendo las actividades minero energéticas, de infraestructura, agroindustriales y de mercantilización de la biodiversidad.

Este proyecto desnaturaliza el propósito de la Reforma Rural Integral de promover la democratización de la tierra, permitiendo que los predios que hagan parte del Fondo de Tierras pactado en el Acuerdo de Paz puedan destinarse a las Zidres y a otros proyectos agroindustriales. No contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades que habitan en zonas de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente, y no establece ninguna medida para resolver las inequidades de género en materia de acceso a tierras, a crédito, a incentivos y en general las situaciones inequitativas en las que están las mujeres rurales.

Este proyecto se radicó sin culminar satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, con las que no hubo acuerdo alguno, y por lo cual la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso. En su elaboración, desde el inicio, se han incumplido los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, de establecer una ruta concertada para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada; y el logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos.

Por las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes llamamos la atención de los congresistas, especialmente de quienes integran la Comisión V del Senado, así como del Ministerio de Agricultura, para que actúen en defensa del Campo.

Solicitamos también al pueblo colombiano que acompañe y se sume activamente a esta solicitud para evitar que se haga efectivo este proyecto de ley que pretende joder el campo y el medio ambiente, las condiciones de vida del campesinado y por ende, la mesa de cada familia del país.

#NoJodanElCampo

Foto tomada de http://www.elcampesino.co/

7 de Junio se realizará movilización para pedir al Consejo de Estado no permitir el fracking en Colombia

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Con motivo de la demanda interpuesta ante el Consejo de Estado por el Grupo de Litigio e interés Público de la Universidad del Norte, el próximo viernes 7 de junio se llevará a cabo la Audiencia inicial del proceso que busca la nulidad del decreto 3004 y la Resolución 90341 del Ministerio de Minas, por medio de las cuales se le daba viabilidad a la práctica del fracking.

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En el Catatumbo ya hay hay evidencias de la aplicación de las presiones denunciadas por el New York Times

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Organizaciones sociales del Catatumbo junto a ONG´s denuncian que las denuncias que presentó Nicholas Caesy en nota publicada en el Ney York Times, el pasado 18 de Mayo sobre las presiones recientes hacia las Fuerzas Militares, que provocaron los falsos positivos durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya se han materializado en la región del Catatumbo.

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Incrementan judicializaciones y amenazas contra líderes sociales en el Centro Oriente Colombiano

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El Senador Alberto Castilla del Polo Democrático, por medio de un comunicado público denuncia amenazas contra Liria Manrique y organizaciones sociales del Centro Oriente. Expresa además su preocupación por la oleada de violencias contra las y los defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional.

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¡Que pare el genocidio contra los líderes sociales en Colombia!

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Cerca de 3.000 líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos del Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca (Antioquia), el sur de Bolívar y Arauca, entre otras regiones llegarán a Bogotá el próximo 28 de abril para instalar el denominado “Refugio Humanitario por la vida de líderes sociales”, quienes exigirán medidas de protección efectivas al Estado y acciones por parte de la comunidad internacional.

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