El campesinado ha sido, históricamente y a nivel mundial, uno de los sectores vanguardia en las luchas sociales, destacándose por su valentía, convicción y tenacidad, ya que su organización es sinónimo de resistencia ante amenazas de exterminio.
Colombia, desafortunadamente, se ha caracterizado por las desigualdades sociales y económicas, donde el monopolio de la tenencia de la tierra es quizá uno de los problemas estructurales más importantes. En ese sentido, ha sido el campesinado una de las víctimas más grandes de la distribución en extremo desigual del territorio. En agosto de 2015, el Censo Nacional Agropecuario confirmó los elevados niveles de concentración de la tierra, al establecer que el 69,9% de las Unidades Agropecuarias tiene menos de 5 hectáreas y ocupan menos del 5% del área censada, mientras el 0,4% tiene más de 500 hectáreas y ocupa el 41,1%. Pero la elevada concentración de la tierra no es solamente un dato que nos hable de la situación de los predios en el país; refleja la situación de campesinos y campesinas cuyos derechos se ven vulnerados por esta causa, principalmente su derecho a la alimentación y a una vida digna.
En términos de la alimentación, principal vocación del campesinado en el mundo, el estado Colombiano desde hace décadas ha priorizado la importación de alimentos pese a que el país, por sus características ambientales y ecológicas, tiene una vocación agrícola. Tan solo en enero de 2020,según el DANE, el valor de las importaciones de alimentos fue de 726 millones de dólares, 13% más que en el mismo mes en 2019, lo que significa que más de 14 millones de toneladas ingresan al país para el consumo humano, mientras en algunas regiones campesinos y campesinas tienen que botar los alimentos cosechados por no tener vías o facilidades para su comercialización.
Adicionalmente, los distintos Gobiernos han preferido, en materia económica, el modelo agroindustrial y minero energético que nos precariza y culturalmente nos amenaza. Hemos resistido a la guerra que ha minado las relaciones comunitarias y nos ha puesto como blanco principal. Sin embargo, en Colombia hemos decidido no sucumbir ante las medidas económicas y políticas que nos perjudican, hemos construido escuelas, carreteras, redes de distribución, cultivos colectivos, bancos de semillas, proyectos productivos basados en el trabajo digno y organizaciones sociales con gran capacidad de movilización y lucha.
La pandemia a nivel mundial ha evidenciado no sólo las deficientes capacidades del país para asegurar los derechos más básicos de la población, sino la importancia de la producción de alimentos de carácter nacional pues para evitar un desabastecimiento generalizado se requiere producción, distribución y comercialización de alimentos de calidad. Como lo he manifestado en varias ocasiones, la pandemia debe permitirnos considerar de una vez por todas la importancia del campesinado: reconocerlo como sujeto político de derechos. No basta con hacer discursos lindos por redes sociales, necesitamos soportes reales y concretos como una política pública para el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y solidaria; inversión en la infraestructura vial y productora del país, así como un cambio en la constitución política que le otorgue al campesinado el nivel de importancia que tiene, tal y como lo ordena la reciente aprobación en la ONU de la “Declaración de Derechos de los campesinos y trabajadores de zonas rurales”.
Me sumo a la exigencia de la Vía Campesina cuando afirma la necesidad de reformas estructurales en los sistemas agroalimentarios a nivel mundial donde la población campesina esté en el centro; la crisis del COVID19 nos está mostrando que el tiempo es ahora.
Es urgente fortalecer la economía campesina, desconcentrar la propiedad de la tierra en manos de unos pocos, otorgarle el reconocimiento político al Campesinado y así, aminorar la deuda histórica del Estado Colombiano con este sector social.
Alberto Castilla Salazar
Polo Democrático Alternativo
