Las Zidres impiden la construcción de la paz en Colombia

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“La Ley de las Zidres  transformará de manera radical el campo colombiano y las condiciones de vida de sus pobladores”. Senador Alberto Castilla

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Avanzamos hacia una paz

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“Cambios y transformaciones en condiciones de vida y justicia social, son el verdadero significado de la paz” 

Senador Alberto Castilla

El Senador Castilla, como integrante del movimiento campesino y de la Comisión de Paz del Senado, celebra la  decisión del Gobierno Nacional y del ELN de iniciar una fase  pública de negociación, que no solo permita acabar con el conflicto armado, sino también generar unas condiciones y garantías para la participación de la sociedad con sus agendas, en un escenario de transformaciones, de cambios, de vida digna y de justicia social.

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Gobierno incumple acuerdos a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

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Campesinos, indígenas y afrocolombianos del campo a la ciudad

Desde el pasado 30 de agosto han llegado a Bogotá, mas de 5000 campesinos, indígenas y afrocolombianos, provenientes de diferentes partes del país. Todos ellos hacen parte de las 13 organizaciones que hoy componen la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Leer más

Aumenta violación de derechos humanos en cárceles

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Trato que se da a los reclusos en las cárceles, es contrario a la constitución colombiana.

El próximo 2 de Diciembre, el Senador Alberto Castilla, del P.D.A. realizará en la Comisión Septima, debate de control politico sobre la actual crisis carcelaria que afecta a mas de 121… reclusos a quienes de manera masiva y generalizada, se les violan los derechos. Leer más

Se pone en riesgo población recicladora

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Para el senador Alberto Castilla, defensor de  derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este tramitando un proyecto decreto  Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones” . Leer más

Crisis financiera, un virus más del sistema de salud

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“Cien mil millones de pesos frente a una deuda de más de 5 billones de pesos, son paños de agua tibia a la crisis financiera del sistema de salud”. Senador Alberto Castilla.

Como ciudadano y senador de la República, expreso mi profunda preocupación por la crisis financiera generalizada que atraviesa la red pública nacional hospitalaria. Se cuentan casos emblemáticos por la historia o el impacto social de algunas instituciones al borde del colapso. Por ejemplo, el Hospital de San Vicente en Antioquia, con innovaciones históricas en diferentes campos de la medicina, tiene hoy deudas por cobrar a las EPS que superan los $300.000 millones; al Hospital Universitario del Valle (HUV), único en su condición en la región y encargado de atender a la población más vulnerable, le adeudan $123.000 millones generando el no pago de los salarios a sus trabajadores, desde hace dos meses. En la Costa Atlántica, seis de los principales centros hospitalarios han anunciado “cierre paulatino de servicios”, si no se resuelven las deudas a su favor.

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Por qué debe promoverse el reconocimiento político del Campesinado en la Constitución Nacional

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A pesar de su constante aporte a la nación, el campesinado no ha logrado que se reconozca su importancia como sujeto histórico. Esto concluye el informe de desarrollo humano de 2011, que prestó especial atención a la situación de las zonas rurales de Colombia. Allí se aseguró, de manera contundente, que hay una falta de reconocimiento de los campesinos y campesinas como actores sociales plenos[1], y se recomendó avanzar en procesos de inclusión social, política y económica del campesinado como pasos necesarios para profundizar la democracia en las zonas rurales donde los campesinos debemos ser protagonistas (PNUD, 2011).

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Referencia: Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad (Expediente D-10673) contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social.

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Bogotá D.C., 21 de abril de 2015
Honorables Magistradas y Honorables Magistrados
Corte Constitucional
Magistrada Sustanciadora
Gloria Stella Ortiz Delgado
E. S. D.
Referencia: Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad (Expediente D-10673) contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social.
Jesús Alberto Castilla Salazar, Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo y dirigente campesino1, identificado como aparece al pie de mi firma, presento intervención ciudadana en el proceso de la referencia con base en lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2076 de 1991.
Esta intervención coadyuva a la demanda de constitucionalidad D-10673 presentada por César Rodríguez Garavito, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, en la cual se solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la expresión “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” del artículo 13 de la Ley 685 de 2010. Los demandantes le solicitan a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de dicha expresión porque permite que inmuebles que tengan una función ambiental relevante puedan ser destinados a la actividad minera automáticamente. La demanda alega que esto impide el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad prevista en el artículo 58 de la Constitución, y que vulnera diferentes previsiones constitucionales que hacen referencia al lugar especial que tiene la protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico nacional, tales como el derecho al medio ambiente sano, la protección de las cuencas hídricas o el desarrollo sostenible, y otros bienes constitucionales como la protección de los recursos agrícolas, la salubridad pública y la autonomía de los municipios y distritos.

Ver Documento completo: Intervención Alberto Castilla // Artículo 7 del Decreto 2076 de 1991 

Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2016

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“Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”

1. El artículo 64 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 64: Los campesinos y campesinas son sujetos de especial protección. Las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales.
Se garantiza el derecho a la tierra. Es deber del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra en forma individual, asociativa o colectiva, así como a otros recursos productivos. En todos los casos la distribución de los recursos productivos garantizará la equidad de género.

El Estado reconoce y protege el derecho de las comunidades a mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida.

El Estado reconocerá diversas formas de territorialidad campesina en áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran o permitan el fortalecimiento de la economía propia y el desarrollo de planes de vida de comunidades campesinas.

Las comunidades campesinas tienen derecho a participar de manera activa en el ordenamiento del territorio y en los asuntos que les afecten. En los casos en los que se planee la realización de proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos, de tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos naturales existentes en estos territorios, el Presidente de la República, los gobernadores o alcaldes, según sea el caso, deberán realizar una consulta popular con los habitantes de las tierras o territorios afectados.

En todos los casos la decisión tomada por el pueblo será obligatoria.
Los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la recreación y demás derechos tendientes a mejorar la calidad de vida del campesinado se adecuarán, en su formulación y aplicación, a las necesidades campesinas. El Estado garantizará el acceso a servicios de crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial en forma individual y colectiva a campesinos y campesinas, con el fin de mejorar su ingreso y de garantizar el pleno goce de sus derechos.
Parágrafo: Una ley reglamentará y desarrollará la forma como se garantizará la protección especial de los campesinos y campesinas. También reglamentará el reconocimiento de la territorialidad campesina, sus características y los procedimientos para su delimitación, así como el mecanismo de consulta del que trata este artículo.

Artículo 2. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

Documento completo: Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2016

 

El abc del Proyecto de Acto Legislativo // Reconocimiento del campesinado

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El abc del Proyecto de Acto Legislativo No ___ de 2016

“Por medio del cual se reconoce al Campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”

1) ¿Cuáles son las pretensiones del proyecto de Acto Legislativo?

El proyecto pretende adecuar la Constitución Política a las realidades sociales y a las exigencias del campesinado colombiano en nuestros días, también busca convertirse en una herramienta efectiva para garantizar los derechos de los campesinos y campesinas. Lo anterior se hará mediante la reforma del artículo 64 de la Constitución.

2) ¿Cuáles son los elementos que le dan sustento al proyecto de Acto Legislativo?

Los elementos constitutivos de la reforma son los siguientes:

  • Reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, al reemplazar el concepto de “trabajador agrario” por los conceptos de “campesino” y “campesina”.
  • Pasa de reconocer el acceso a la tierra a reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva.
  • Reconoce la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas.
  • Reconoce el derecho a las semillas.
  • Reconoce a las mujeres campesinas y garantiza la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo.
  • Establece la obligatoriedad del mecanismo de participación de consulta popular en caso de que haya afectación de tierras y territorios campesinos.
  • Ordena adaptar los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo.

 

3) ¿Qué ideas principales sustentan la reforma constitucional que se pretende establecer?

Los principios que sustentan el proyecto de Acto Legislativo hacen referencia a: i) El campesinado debe verse cobijado en la figura de sujeto de especial protección; ii) la garantía del derecho a la tierra y al territorio, desde un enfoque que garantice la equidad de género; iii) el derecho a la autodeterminación del sujeto campesino; iv) el derecho a la participación política directa por parte del campesinado en la toma de decisiones que les afecten y v) la garantía en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales –DESC- del campesinado.

4) ¿Cuáles son los cambios estructurales que propone el proyecto de Acto Legislativo?

El proyecto parte de una realidad insoslayable que tiene que ver con la deficiente protección jurídica del campesinado en la Constitución Política de 1991. El enfoque actual, establecido en la Carta Política, reconoce al campesino y campesina como sujetos en función de su vocación productiva y como sector productivo antes que como grupo social con identidad y prácticas propias. En este sentido, la reforma constitucional pretende reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, reconociendo a su vez, el particular relacionamiento que tienen con la tierra y el territorio a través de la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente. Se denota entonces la intención de la reforma constitucional de cambiar el enfoque en la protección del campesinado, reconociéndose su vocación de grupo social con identidad y prácticas propias.

5) ¿Cuáles son las justificaciones que dan sustento a la actual reforma constitucional?

La reforma constitucional se justifica en razón de la compleja realidad social que padecen nuestros campesinos y campesinas. Las cifras son reveladoras: 1) según el Dane los porcentajes de pobreza en el sector rural alcanzan la escandalosa cifra del 41,4%, siendo casi tres veces mayor que en las ciudades principales, mientras las cifras sobre pobreza monetaria extrema arriban al 19,1%. Esta situación de extrema vulnerabilidad social golpea con mayor fuerza a las mujeres campesinas, quienes según el PNUD viven en condiciones sociales críticas.

2) Los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos y no ha cesado de crecer como la misma Corte Constitucional ha reconocido (sentencia, C-644 de 2012). Para 2014 el 4% del área correspondía a predios entre 3 y 10 hectáreas, mientras que la propiedad de más de 200 hectáreas correspondía al 72% del área rural. El coeficiente Gini de propietarios refuerza esta alarmante realidad al reconocer que entre el año 2000 a 2010 creció de 0,86 a 0,88 siendo uno de los países con mayor índice de desigualdad;

3) La importación de alimentos ha alcanzado una cifra muy elevada si se tiene en cuenta nuestra vocación agraria. Para 2013 se importaron un total de 9’610.167 toneladas de alimentos, correspondientes a 7.240 millones de dólares, esto como consecuencia de que en Colombia solo se dedique a las actividades agrícolas y silvoagrícolas un total de 4,9 millones de hectáreas, pese a que cerca de 21, 5 millones de hectáreas tendrían aptitud agrícola. Lo anterior pone en seria duda la posibilidad de que el país garantice su seguridad y soberanía alimentaria.

4) Son ampliamente conocidos por la opinión pública los procesos de despojo violento y desplazamiento forzado a los que se han visto sometidos los campesinos y campesinas. Según la ONG internacional Human Rights Watch, se estima que 6 millones de hectáreas fueron abandonas por el conflicto armado, estando aún gran parte en manos de los usurpadores. Esta difícil realidad social que afronta el campesinado debe ser subsanada desde el poder legislativo, razón por la cual se presenta esta reforma constitucional.

6) ¿Cuál es el objetivo de la presente reforma constitucional?

 Según el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para superar el estado de crisis estructural que padece el sector rural, los Estados deberían adoptar al menos tres medidas: 1) Aplicar de manera más adecuada las normas vigentes; 2) llenar las lagunas existentes en el derecho; y 3) elaborar un instrumento jurídico sobre los derechos de las personas que trabajan en las zonas rurales. En este sentido, el objetivo de la actual reforma radica en atacar la discriminación y vulnerabilidad del campesinado colombiano a través de la consagración de estas tres medidas en un instrumento jurídico interno. Para ello, la reforma que se pretende, reforzará los supuestos del Estado social de derecho, al tiempo que colmará lagunas existentes en el reconocimiento de nuevas realidades y nuevos derechos. Al proponerse un articulado que será el fundamento de nueva normatividad, se amplían las posibilidades para el reconocimiento de los campesinos y campesinas y la protección de sus derechos.