Congresistas de oposición enviaron una misiva a varios ministerios y la Policía Nacional solicitando se suspenda la audiencia pública virtual convocada por la Autoridad de Licencias Ambientales para el primero de septiembre por no brindar garantías reales y efectivas de participación para la comunidad tal y como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Nariño.
Veinticuatro congresistas llamaron al Gobierno Nacional a que suspenda la audiencia pública convocada para el 1 de septiembre donde se pretende modificar el Plan de Manejo Ambiental para la retoma de las aspersiones aéreas con Glifosato en 104 municipios del país pues afirman que «desconoce los pronunciamientos de la corte Constitucional, el Tribunal Administrativo de Nariño y las disposiciones del acuerdo de paz en esta materia».
En la misiva, los congresistas expresan su preocupación por las decisiones unilaterales que viene tomando la Autoridad de Licencias Ambientales -ANLA- para que, en el menor tiempo posible, se puedan reactivar las aspersiones aéreas con glifosato en los municipios con mayor presencia de cultivos de uso ilícito, desconociendo los conflictos que históricamente se han presentado por este asunto, además de los impactos en materia de salud y ambiental que genera este herbicida.
Es importante recordar que ya el Tribunal Administrativo de Nariño se había pronunciado hace pocos días ratificando en segunda instancia la tutela de los derechos a la información, participación, debido proceso y consulta previa de los y las accionantes de distintas parte del país a raíz de la pretensión de celebrar esta audiencia de manera virtual.
También, la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y en el Auto 387 de 2019 ordenó que el Gobierno Nacional debe acatar y ceñirse a las condiciones establecidas en dichos pronunciamientos para buscando que las comunidades afectadas por estos proyectos puedan participar genuinamente y contar con la información necesaria sobre el impacto social y ambiental.
Adicionalmente, en la misiva los congresistas recuerdan que la corte en el mismo pronunciamiento remarcó que el Punto Cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera «fijó una jerarquía entre los medios de erradicación, pues priorizó la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada, y a su vez, estableció que ésta sólo procederá en caso de que fracase la primera. En el mismo sentido, prescribió que sólo en caso de que la sustitución voluntaria falle, y luego del fracaso adicional de la erradicación manual, podrá acudirse a la aspersión aérea con glifosato».
Finalmente, la misiva llama a al gobierno Nacional a que «desista de fórmulas fracasadas y violentas frente al problema de las drogas, que acoja el punto 4 del Acuerdo de Paz y las sentencias de la Corte Constitucional que trazan una ruta eficaz y realmente transformadora de las causas del flagelo del narcotráfico».
La carta está firmada por: Alberto Castilla, Gustavo Bolivar, Pablo Catatumbo, Carlos alberto Carreño, Luis Alberto Albán, Omar de Jesus Restrepo, Jairo Reinaldo Cala, Julian Gallo, Criselda Lobo, Victoria Sandino Simanca, Feliciano Valencia. Israel Alberto Zúñiga, Cesar Augusto Pachón, David Racero, Angela María Robledo, Wilson Arias, Maria José Pizarro, Abel David Jaramillo, Aida Avella, Antonio Sanguino, Alexander López, Luis Iván Marulanda, Agélica Lozano e Iván Cepeda Castro.
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