Alberto Castilla radica dos proyectos de ley que busca otorgarles mayores garantías a las y los trabajadores que realizan labores de alto riesgo en el país

El pasado Miércoles  el Senador Alberto Castilla, junto a otros parlamentarios y  trabajadores, radicó dos proyectos de ley para el acceso de la pensión anticipada por labores de alto riesgo que realizan las y los trabajadores del país en distintas áreas. Uno de los proyectos tiene relación con las Juntas Médicas de Invalidez y el segundo sobre el decreto 2090.

Bogotá 24 septiembre, 2018

“Lo valioso de estas iniciativas es que fueron elaboradas e impulsadas por los mismos trabajadores que conocen de primera mano las dificultades de las juntas médicas, esperamos que se inicie el trámite de manera oportuna dentro de la comisión séptima” Alberto Castilla.

Luego de cerca de dos años de trabajo mancomunado con varias agrupaciones de trabajadores enfermos, médicos especializados y varios sindicatos, el senador Alberto Castilla radicó el miércoles 19 de Septiembre dos proyectos de ley que busca por un lado la reglamentar y mejorar el proceso de calificación de la pérdida capacidad laboral dentro de las Juntas Médicas de Invalidez y, por otro lado, un proyecto de ley que busca la adecuada reglamentación del decreto 2090, que  busca la creación de un sistema de información que le permita al Ministerio del Trabajo tipificar, caracterizar y controlar a las empresas que tienen a trabajadores en labores de alto riesgo para que estas realicen los aportes adicionales a las pensiones anticipadas y se le garantice este derecho a las y los trabajadores.

Las juntas médicas de Invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo. En 2016, la principal causa del riesgo de accidente está asociada al trabajo, en este año se registraron 751.579 accidentes de trabajo, los cuales explican el 98% de las solicitudes de calificación de pérdida de capacidad laboral. Si bien el accidente de trabajo es el evento adverso con mayor presencia en el mundo del trabajo, este no es reconocido en el 6,5% de los casos, en contraste con las enfermedades laborales que no son reconocidas en el 36% de los casos y las muertes por accidente de trabajo, que no son reconocidas en el 31% de los casos.

Esto ha generado graves denuncias por parte de los trabajadores quienes presentan enfermedades asociadas al trabajo y que luego de iniciar el proceso dentro de las Juntas, el resultado final es que se tipifica su enfermedad como “de origen común” es decir, se desconoce que la pérdida de capacidad laboral es producto del trabajo que realizan las y los trabajadores.

El proyecto de ley busca entonces “armonizar, organizar y garantizar, la oportunidad, el derecho al debido proceso y la coherencia administrativa, en el reconocimiento de los derechos a las prestaciones asistenciales y económicas de los trabajadores afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral y general de los habitantes del territorio nacional que se vean afectados en su integridad física y/o mental, como consecuencia de padecer las secuelas de una enfermedad o un accidente, sean éstos de origen común o laboral”.

 El segundo proyecto radicado es impulsado luego de la realización de dos debates de control político sobre el acceso por parte de las y los trabajadores al derecho de la pensión especial de vejez de quienes están expuestos a actividades de alto riesgo para la salud, según lo define el artículo 2 del Decreto ley 2090 de 2003.

El decreto ley estableció una serie de reglamentaciones con el propósito de garantizar el acceso real de los trabajadores a las pensiones especiales por adelantar actividades riesgosas para la salud, no obstante a 15 años de creada la norma son evidentes los vacíos regulatorios en varios aspectos a mejorar, los cuales fueron identificados durante el desarrollo del debate de control político citado el 19 de Septiembre de 2018.

Fruto del debate, se evidenció que existe poca claridad sobre las empresas que están al día en sus cotizaciones adicionales para cubrir la pensión especial y que, en ese sentido, hay dificultad para la exigencia de la pensión por alto riesgo para el trabajador, teniendo este que acudir a un dilatado proceso judicial para su reconocimiento. Se tiene cálculos estimados por la Escuela nacional sindical que hablan de 400 mil trabajadores en 2015 para las diferentes ocupaciones.

Uno de los vacíos actuales para el reconocimiento de la pensión especial por actividad de alto riesgo para la salud, es la ausencia de una guía técnica que organice a cada uno de los actores que intervienen en el proceso y dicte con claridad los procedimientos que conlleven a la garantía de la pensión especial. Tal guía ha sido anunciada por el Ministerio del trabajo, sin que sea expedida. El proyecto de ley ordena la emisión de tal guía y dota de mayores herramientas, en términos de competencias, al Concejo Nacional de Riesgos Laborales, para mejorar la observancia sobre el particular.

Por la urgencia de los temas y la deuda que tiene el Estado Colombiano con las y los trabajadores que se desempeñan en estos oficios de alto riesgo, se espera que ambos proyectos de ley inicien trámite prontamente en la comisión VII del Senado.

Finalmente, el senador Alberto Castilla invita a todos los trabajadores a que hagan presencia en la discusión de estos proyectos durante su trámite legislativo y que se haga pedagogía con las y los trabajadores de la importancia de los proyectos y se mantenga un espíritu de movilización permanente para alcanzar estos derechos.

Conozca los proyectos de ley acá:

P.L Juntas Médicas

P.L Decreto 2090

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