El Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, llama a que se solucione con diligencia conflicto de tierras entre campesinos del Cesar y Efromovich dentro de la hacienda Bellacruz.
Casi 40 años llevan esperando justicia, reparación y tierras para cultivar las familias desplazadas por empresarios y paramilitares de la hacienda Bellacruz, hoy conocida como La Gloria, en el sur del Cesar con 9.000 hectáreas.
Pese a convertirse en uno de los casos más emblemáticos y conflictivos de la restitución de tierras en el país, a la fecha no se ha mostrado ningún avance en favor de las comunidades campesinas, pues tal y como es de conocimiento público, actualmente las tierras son de propiedad de uno de los empresarios más relevantes del país, Germán Efromovich.
Ya desde 2016, es decir hace tres años, la Corte Constitucional había fallado en favor de la organización campesina Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada “ASOCOL”, que presentó una tutela para solicitar la restitución de las tierras dentro de la hacienda, la cual fué aceptada por la Corte pues los predios nunca habían salido del patrimonio estatal.
Adicionalmente, frente al conflicto con la Hacienda La Gloria, varias estudios nacionales e internacionales han demostrado cómo el entonces titular de los predios Alberto Marulanda ha acaparado los predios baldíos que reclaman las comunidades campesinas. El informe Colombia Nunca Más en 2016 afirmó que “a consta de la expropiación de los campesinos que ocupaban estos predios; la Familia Marulanda legitimó su derecho a estas tierras a través de artimañas jurídicas, además de utilizar la represión ejercida por la fuerza pública estatal y paraestatal para evitar que los campesinos reclamaran sus derechos”, adicionalmente Amnistía Internacional en 1997 se pronunció diciendo: “parte de las tierras fueron ocupadas violentamente en los años cuarenta por Alberto Marulanda Grillo, padre de Carlos Arturo Marulanda Ramírez. En ese momento, los terrenos en cuestión eran propiedad comunal de los campesinos locales, y algunas de las familias desalojadas a la fuerza todavía conservan las escrituras originales”.
Pese a todo esto y luego de tres años de la histórica sentencia de la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Tierras no ha impulsado absolutamente nada en la restitución del derecho a la tierra de las comunidades campesinas reclamantes. Es por ello que el pasado 7 de Junio, el juzgado de Barranquilla, abrió un incidente de desacato contra la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez Cárdenas.
El juzgado definió que “no se observa un avance notorio y definitivo en la realización de las órdenes de la Corte Constitucional” por parte de la Agencia, situación que no sorprende pues tal y como lo han denunciado los campesinos, las ONGs y algunos parlamentarios cuando se exige la restitución de derechos para los más pobres y están implicados empresarios de empresas como Avianca, se dilatan los procesos.
Así mismo, esta situación evidencia los verdaderos intereses de quienes pretenden modificar la ley 160 de 1994: negar definitivamente la posibilidad para que campesinos, afro, indígenas y víctimas puedan acceder a los baldíos tal y como la ley lo permite.
Senador Alberto Castilla
Polo Democrático Alternativo
Foto tomada de Verdad Abierta
