El Senador Alberto Castilla hoy, en medio de la sesión de la Comisión VII, presenta ante la opinión pública un pronunciamiento ante los prácticamente nulos avances del Gobierno Nacional ante la tragedia ocurrida en Mocoa hace ya un año.
La noche del 31 de marzo de 2017 –hace un año– Mocoa, un municipio de unos 45 mil habitantes, sufrió la dolorosa tragedia que cobró la vida de 333 personas, dejó un saldo de 76 desaparecidos entre adultos y niños, y arraso casi por completo con el patrimonio de 22.310 habitantes –cerca de la mitad de su población–, de los cuales 1.461 perdieron su vivienda. Aquella noche los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco se desbordaron como consecuencia de las fuertes lluvias, arrasando con 17 barrios que se habían construido en las laderas del río principal.
Oficialmente se ha insistido en que se trató de una “tragedia natural”, sin embargo esta tragedia, como la del botadero Doña Juana en Bogotá en el año 1997, o más recientemente la del pozo Lizama 158 en Santander, están relacionadas con un precario modelo de ordenamiento del territorio rural y urbano ligado al modelo de desarrollo que se ha querido imponer en Colombia. Riesgos como el posible desborde de ríos por los ciclos naturales de inundación y sequía, son ya conocidos y gestionados en muchos lugares del mundo, y pueden ser prevenidos o mitigados mediante planes de ordenamiento territorial que tengan en cuenta las condiciones del suelo, su estabilidad, las posibles erosiones u otros niveles de riesgo que impacten negativamente en los habitantes.
De este talante son las decisiones que esperamos queden contenidas en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa, que viene siendo coordinado desde la Gerencia de la Reconstrucción, en cabeza del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, pues hasta la fecha, los avances de la primera fase del mencionado plan son deficientes:
- Apenas la semana pasada se anunció la entrega de las primeras 100 viviendas de las 300 que fueron prometidas;
- Los componentes de reconstrucción que se encuentran, un año después, en primera fase son hoy promesas incumplidas: Las construcciones de i) el nuevo acueducto, ii) el puentes sobre los ríos Mulato y Sangoyaco, iii) la plaza de mercado, iv) el Hospital José María Hernández, v) la subestación eléctrica de Junín y la nueva subestación anunciada.
A esta situación se suma una problemática silenciosa sobre la que me referí recientemente en una carta que envié a los Mocoanos (adjunta) y de la que el Gobierno Nacional no ha hecho un pronunciamiento con la claridad necesaria: El estado de los deudores damnificados de Mocoa que, según datos oficiales, alcanza un número de 4.362 personas cuyas deudas suman alrededor de 70 mil millones de pesos. A pesar de las solicitud de condonación de estas deudas, debido a la declaratoria de “Estado de situación de desastre” y “Emergencia Económica, social y ecológica”, mediante los decretos 599 y 601 de 2017, el cumplimiento de los compromisos económicos continúa siendo exigido por los Bancos con cargo a las personas damnificadas, luego de superado el periodo de seis meses de “congelamiento” de las deudas decretado al momento de la tragedia por parte del Gobierno Nacional.
Estos cobros se están convirtiendo en un verdadero suplicio para los damnificados, sobre todo para los más vulnerables, quienes sin restablecer sus ingresos deben destinar lo poco que se ganan a pagar la deuda, so pena del cobro de intereses y el reporte a centrales de riesgo. De hecho, hemos tenido conocimiento de casos registrados donde viene siendo comprometida la salud mental de las personas como consecuencia de la perdida material y humana derivada de la tragedia, y agravada por el estrés causado por el insistente cobro.
Lo que solicitan los deudores de Mocoa es que a semejanza de lo sucedido para el salvamento del sector financiero, entre los años 1998 y 2004, cuando fueron canalizados 16,2 billones de pesos del FOGAFYN, se realice una política de saneamiento y condonación de las deudas con cargo a este fondo de garantías o a cualquier otro mecanismo que establezca el Gobierno Nacional. Hasta ahora esta solicitud de la comunidad ha sido desatendida por parte del Ministro Villegas, por lo que esperamos que esta problemática y su propuesta de solución, que hago pública del día de hoy, encuentre una respuesta pronta en el Gobierno Nacional.
A la comunidad de Mocoa mi abrazo y mi respaldo sincero.
Alberto Castilla Salazar
Senador de La República
Polo Democrático Alternativo
