A segundo debate proyecto de ley que busca asegurar y facilitar el acceso al derecho de la pensión de alto riesgo

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Hoy martes la comisión VII del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley, cuyo ponente y autor es el Senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo, que busca adoptan los criterios técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez.

Bogotá, Diciembre 3 de 2019 – En su segundo intento por ser aprobado y en medio de una jornada nacional de movilización a nivel nacional que tiene como epicentro la discusión de los derechos laborales, la Comisión VII aprobó en primer debate este importante proyecto que busca “brindar garantías y facilitar la garantía del derecho constitucional a la pensión anticipada por la realización de trabajos de alto riesgo”.

La Corte Constitucional en Sentencia T-315 de 2015, señala que esta pensión “fue diseñada para amparar el riesgo de vejez que corren los trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida que ejercen permanentemente una labor que, por la peligrosidad que le es inherente, e independientemente de las condiciones en las que se ejecute, les ocasiona un desgaste orgánico prematuro, reduciendo su expectativa de vida saludable, u  obligándolos a retirarse de las funciones laborales que desempeñan”.

Desde 2003 que fué aprobado el Decreto 2090, los y las trabajadoras están a la expectativa de que se expida la Guia técnica que realizará un registro de las actividades de alto riesgo para la salud y las empresas que realizan dichas actividades. Esta guía será construida de manera tripartita, es decir, entre el Ministerio del Trabajo, empleadores y sindicatos de las empresas existentes donde se realicen este tipo de actividades.

“Este proyecto es muy importante, pues a 16 años de creada la norma, son evidentes los vacíos técnicos y administrativos que son obstáculos para el reconocimiento y pago de las respectivas pensiones para las y los trabajadores que su expectativa de vida se ha reducido” afirmó en el debate el Senador Alberto Castilla.

El proyecto había contado con un debate de Control Político, del 19 de septiembre de 2018, donde se evidenció que el país no tiene un registro claro sobre las empresas y trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo para la salud, de lo cual se desprende: El no conocimiento de la cantidad de empresas que están o no al día en las cotizaciones adicionales. “Estos vacíos hacen que las y los trabajadores se vean implicados en un desgastante proceso judicial para obtener su derecho” argumentó Castilla.

Con referencia al cobro coactivo señalar que el proyecto indica que tanto Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones deberán realizarlo. En los casos de las administradoras de fondos de pensiones, a pesar de no estar facultadas por el Decreto 2090 de 2003 para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo para la salud, realizarán la respectiva acción cuando  se compruebe que un trabajador realizó o realiza alguna de las actividades de alto riesgo para la salud y se encuentre en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; lo recaudado pasará a hacer parte del capital del trabajador. Lo descrito con la finalidad de que el empleador por ningún motivo pueda evadir el pago de los 10 puntos adicionales del que habla el artículo 5 del mismo decreto.

Adicionalmente, el proyecto ordena la creación de un Sistema Nacional de Identificación, Registro y Seguimiento tanto de las actividades de alto riesgo para la salud como de las empresas y trabajadores que las realicen.

El vacío existente ha generado que Colpensiones no cuente con una base de datos histórica de trabajadores vinculados al régimen especial de pensiones para actividades de alto riesgo, dado que no es reportado por el empleador en su proceso de pago. Al respecto, se resalta que la obligación de informar cuales son los empleados expuestos a labores de alto riesgo recae directamente en el aportante. Por ello Castilla denunció que “el Gobierno nacional en cabeza de Colpensiones estaría incurso en un posible detrimento patrimonial, derivado de la falta de un registro claro de empresas,  actividades, puestos de trabajo y trabajadores en actividades de alto riesgo para la salud, que ha conllevado el sub reporte de las cotizaciones especiales desde hace dos décadas, situación que está configurando una bomba fiscal, al tener que ser el Estado, el garante de los beneficios pensiónales, mientras que no se tienen ingresos derivados de los aportes” .

Finalmente, se espera que el proyecto pase a plenaria para ser discutido antes de Junio del 2020 y poder terminar los debates correspondientes para volverse ley de la república.