Senador Alberto Castilla
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31 octubre, 2017 por Alberto Castilla

9 puntos de coincidencia para la participación de la sociedad en Quito. Carta abierta al Gobierno Nacional y al ELN

Compartimos esta carta enviada al Gobierno Nacional y al ELN, donde las organizaciones que participarán de las audiencias preparatorias junto a ciudadanos y organizaciones, incluyendo al Senador Alberto Castilla, plantean nueve puntos de coincidencia sobre el enfoque y los elementos que deben acompañar todo el proceso de participación de la sociedad civil en el punto uno de la agenda de negociación

CARTA ABIERTA

Señores y señoras
Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional

Reciban un saludo cordial.
Quienes firmamos esta carta en su mayoría hemos sido convocadas y convocados por el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional para participar en las Audiencias Previas que entregarán consensos e ideas de la sociedad civil colombiana sobre el mejor método para que la participación en el proceso de paz que avanza en Colombia apuntale sus propósitos: que la paz sea completa, que concrete un consenso sobre las transformaciones que son necesarias para que éste tenga lugar, que transforme las prácticas y costumbres políticas en el país, que remueva seria y progresivamente las causas de la violencia política de décadas, que sea estable y duradera, que signifique más democracia para una sociedad que la merece porque la viene construyendo con empeño.
Desde el Acuerdo de Caracas del 30 de marzo de 2016, firmado entre sus representantes, hemos recibido con entusiasmo el desafío de participar con ustedes en “la construcción de una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”. Este enfoque que caracteriza toda la negociación habla bien del carácter democrático que ha de tener el proceso de paz, para que sea duradero, estable y que traiga equidad e inclusión. Felicitamos esa intención y la apertura a la participación.
Los días 20 y 21 de octubre pasados, estimulados por esa convocatoria, nos reunimos en Bogotá un amplio número de personas que asistiremos por nuestras organizaciones e instituciones a las Audiencias: procesos y organizaciones sociales, académicos, iniciativas ciudadanas, comunidades de fe, que durante años nos hemos movilizado por la paz y participado en distintas instancias y mecanismos, y que tenemos una larga experiencia de participación para la paz. Pudiera decirse que hemos estado preparándonos para atender este llamado; de hecho, varias de nuestras organizaciones hemos recorrido el país y convocado diálogos plurales para construir propuestas de metodología para la participación social. También han estado como invitados a ese seminario organizaciones y procesos claves en el tema de participación, aunque no hayan sido invitados a las audiencias.
Como resultado de nuestros encuentros, hemos identificado puntos en común sobre cómo debe adelantarse la participación. Lo que hallamos más valioso es que se trata de coincidencias entre organizaciones e instituciones que tenemos enfoques muy diversos e incluso divergentes. Pero estamos convencidas y convencidos de que la construcción de consensos en el seno de la sociedad facilitan en gran medida los acuerdos a que deben llegar el gobierno y el ELN, razón por la cual los ponemos a su consideración.

  1. La palabra de la sociedad debe tener valor real en todo el proceso. Hoy no resulta aceptable para la sociedad colombiana una participación que nos consulta pero no nos toma en cuenta al momento de estructurar las decisiones. Es imprescindible que la participación que se desarrolle en el marco de este proceso tenga un alcance efectivo. Si queremos que las comunidades indiferentes o escépticas con la paz se comprometan, es indispensable que quede claro que las propuestas y consensos logrados serán base cierta para la negociación y la superación del conflicto armado. Otra cosa sería desgastante.
  2. La participación de la sociedad requiere garantías a la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de todas las personas: en esta fase, y obviamente como rasgo esencial de la democracia que estamos construyendo. Es incompatible con la participación ciudadana la persistencia de un escenario de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de los ex combatientes de las insurgencias, así como la privación de la libertad a civiles; también lo es el aumento de las amenazas y ataques desproporcionados a las comunidades y organizaciones por adelantar sus luchas reivindicativas, movilizaciones y protestas; y resulta contrario a toda evidencia sostener que no hay sistematicidad en el comportamiento de los grupos autores de estos hechos.
    Por ello expresamos nuestra complacencia y otorgamos el respaldo al Cese Bilateral del Fuego y de Hostilidades que las partes del conflicto armado en la Mesa de Quito han pactado, porque lo entendemos y asumimos como parte de lo que se necesita para dar trámite a un diálogo sereno e integral; es deber de las partes cumplir rigurosamente los compromisos allí acordados. Participar solo es posible si hay garantías para todos, sin presiones ni constreñimientos, sin amenazas ni intimidaciones, con respeto a la vida antes, durante y después del diálogo.
  3.  En todo el proceso de participación es fundamental garantizar la paridad política. Esto implica que existan las condiciones y garantías para que mujeres y disidentes de género puedan enfrentar las posiciones de exclusión, desigualdad y opresión que les han afectado para fortalecer su participación en el proceso de paz. Se trata de un principio que debe traducirse en medidas concretas tanto temáticas como metodológicas.
  4.  El diálogo social, entendido como un diseño participativo, debe ser entre actores diversos y contradictores; debe ser plural, incluyente, amplio y multipartita. La construcción de consensos reales y efectivos requiere que nos encontremos los distintos segmentos sociales y sectores políticos y económicos, en un encuentro de todos los intereses, para examinar los grandes problemas que nos afligen y para convenir sus soluciones. Tanto el gobierno nacional como el ELN deben estimular y facilitar que sectores renuentes a confluir en espacios de participación lo hagan; nuestras organizaciones e instituciones haremos lo propio.
  5. La participación de la sociedad debe armonizar los espacios y los resultados referidos a la implementación de los Acuerdos con las FARC y a la construcción de los acuerdos con el ELN. Coincidimos que lo que se avance en este proceso debe poder articularse con los escenarios de participación que se impulsan con base en el Acuerdo de Paz en fase de implementación, tanto en el orden normativo como en la realización territorial. En ese sentido es fundamental también que los acuerdos del proceso que está en implementación se cumplan; ello genera confianza a la sociedad y permite avanzar en la base real sobre la que se hacen los diálogos de Quito.
  6. La participación debe significar la ampliación y profundización de la democracia. Los espacios y mecanismos logrados en la Constitución Política deben ser aprovechados al máximo si esto es compatible con el diseño participativo que se adopte, y sobre todo puestos en práctica en este proceso. Las propuestas de la sociedad sintetizadas en el proyecto de Ley Estatutaria de Participación diseñado por la Comisión Nacional Ciudadana de Diálogo, en cuya formulación han participado miles de colombianas y colombianos, indican un consenso fecundo en esa dirección. Estimamos fundamental el refuerzo de las consultas populares, las consultas previas y los mecanismos de revocatoria de mandatos.
    El diálogo social, el diseño participativo que se adopte son para fortalecer a la sociedad y no para debilitarla y mucho menos para instrumentalizarla, después del diálogo las comunidades han de quedar más empoderadas frente a su destino y futuro.
  7. El proceso de participación debe tener un profundo arraigo territorial. La identificación e implementación de los cambios para la paz debe hacerse teniendo como horizonte fundamental la construcción local y regional de proyectos transformadores. Un robusto proceso de participación territorial es base fundamental para construir las propuestas y los acuerdos y consensos de alcance nacional. El mecanismo que se adopte debe atender a este enfoque, de manera que el proceso fluya de lo local a lo regional o departamental, y de allí a los espacios y problemáticas nacionales. La necesaria deliberación sobre los problemas sectoriales o transversales deberá surgir principalmente de este proceso territorial.
  8. El diálogo social debe tomar como punto de partida los escenarios, agendas, espacios de concertación e iniciativas territoriales que ya tienen acumuladas visiones compartidas e incluso consensos.
  9. La participación de la sociedad debe realizarse con un marco general que ofrezca garantías metodológicas a todas las personas, comunidades y organizaciones intervinientes. Por ello debe contar con una propuesta organizada y clara de estructura, funcionamiento y coordinación; un consenso sobre los resultados finales a lograr; y un acuerdo político sobre sus alcances.
    Es fundamental que el diseño participativo y mecanismos adoptados garanticen condiciones para que las personas no organizadas o las comunidades con procesos embrionarios de asociatividad también puedan participar y sean escuchadas. Eso implica incluir en el proceso, y dirigidos a estas poblaciones, mecanismos de formación, difusión y preparación para la participación, la formulación de propuestas y la capacidad para promover y hacer seguimiento de las mismas.

La participación de la sociedad – atendiendo estos enfoques – con seguridad generará legitimidad a los acuerdos para superar el conflicto armado; los consensos sociales y políticos le permitirán a sus delegaciones avanzar con el rigor y la celeridad que requiere el momento político; el protagonismo de la sociedad no amenaza a nadie que quiera una Colombia democrática, justa y en paz.

Cuenten con nosotras y nosotros para la paz.

CAMPAÑA POR UNA PAZ COMPLETA
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Conozca detalles del informe de la ong que hace seguimiento a la violación de derechos humanos en Colombia.
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