Un pie en la institución y miles en la movilización

El ejercicio de la política, para quienes no venimos de familias tradicionalmente asociadas a ella y la consideramos una opción para cambiar la realidad de los sectores populares, es un camino constante de aprendizaje.
No nacimos en un contexto donde estén dadas las condiciones para participar en igualdad: fuimos a escuelas con pocos docentes, carentes de infraestructura; la comprensión del conflicto social y armado nos tocó directamente, no la leímos en libros o la aprendimos en clases de historia, sino que fuimos preguntándonos por sus causas al constatar de cerca sus consecuencias; vivimos en la guerra, en territorios abandonados por el Estado, desarrollando núcleos comunitarios que resolvieran nuestros problemas cotidianos. No accedimos nunca a educación superior de calidad, y los créditos educativos terminaron por ahogarnos; no conocimos la política como una opción de desarrollo individual, sino que la hemos elegido desde las necesidades colectivas.
Por eso, como fuerza política hemos tomado la decisión de disputar los escenarios institucionales de la rama legislativa, comprendiendo que allí también se abren caminos alternativos de construcción de un país justo y digno; pero negándonos a abandonar por ello la movilización en las calles y carreteras, acompañando a los diversos sectores sociales en sus luchas y agendas políticas. Queremos ser actores protagónicos en la determinación del destino de nuestras comunidades, por eso, ponemos un pie en la institución y miles en la movilización.
Esta labor, como cualquier otra, se aprende con la práctica, con el tiempo, con la constante evaluación y proyectando mejorar. Ser senador no es solamente un aprendizaje para mí, sino para un movimiento social y político excluido históricamente de las decisiones de la política institucional. Aprendimos, en estos años, que un senador no es aquel que consigue empleos, que gestiona obras o recursos; es una voz que aprovechamos en los nuevos escenarios a que tenemos acceso: discutiendo, denunciando, visibilizando nuestras problemáticas, posturas y propuestas de país, en un recinto donde la izquierda es minoritaria, el campesinado apenas ha llegado a tener representación y las voces del movimiento social han estado por mucho tiempo ausentes.
Sostenidos por la firmeza de quienes confiaron en que podíamos abrirle campo a nuestros sueños, llegamos al Senado de la República el 9 de marzo de 2014, con 9 apuestas para disputar en la institucionalidad.
Este informe pretende recoger de forma concisa los avances generales en cada una de ellas, agradeciendo la convicción de quienes han respaldado mi gestión, esperando nos acompañen en el camino de entender a grandes rasgos los retos del porvenir, y en la certeza de que para ser poder debemos copar con nuestras voces los escenarios donde se toman las decisiones que determinan la vida de las comunidades en nuestro país.

Hemos abierto campo a:

Al campesinado

Abriendo campo al reconocimiento del campesinado, indígenas y afros como sujetos de derechos y de cambios sociales.
Con la instalación de un gran Mercado Campesino en el Congreso de la República; y con el respaldo del Coordinador Nacional Agrario; la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, y Congresistas de distintos partidos políticos; radiqué el Proyecto de Acto Legislativo No. 12 de 2016/Senado “Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”.
Este proyecto se construyó con los aportes de las comunidades campesinas que se expresaron en tres Audiencias Públicas en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Nariño, y una Audiencia Pública Nacional, en la que participaron comunidades campesinas de todas las regiones del país. Así mismo, fueron tenidos en cuenta los aportes de la comunidad académica y la comunidad internacional expresados en el Foro: El Campesinado a la Constitución.
Por decisión de la Plenaria del Senado de la República, nuestra iniciativa fue archivada el pasado mes de octubre de 2016. Sin embargo, firmes en nuestra disposición de defender los derechos de los campesinos y las campesinas, radicaré en la legislatura 2017-2018 el Proyecto de Ley “Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección de derechos, se reconoce la territorialidad campesina, se adoptan medidas para impulsar y promover la agricultura campesina y se dictan otras disposiciones”

Disposiciones legales para el acceso, uso, tenencia y propiedad de la tierra para los campesinos, indígenas y afros; con subsidios a la producción de alimentos, suministro de asistencia técnica y sustitución de cultivos de uso ilícito.
Como único Senador Campesino en el Congreso de la República he sido opositor de las iniciativas del gobierno que atentan contra la territorialidad campesina y por ello he interpuesto las siguientes acciones jurídicas:

  1. Demanda ante la Corte Constitucional de la Ley 1776 de 2016 (Ley Zidres), por su regresividad en materia del derecho de acceso a la tierra, la violación del principio de autonomía territorial y una serie de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas, particularmente el derecho a la libertad de asociación.
  2. Coadyuvancia – Intervención ante la Corte Constitucional sobre acumulación de baldíos en la costa caribe (2 de junio de 2015), por violación de derechos e intereses colectivos de campesinos y campesinas, adjudicación de baldíos a personas que nos son campesinos sujetos de reforma agraria y cobros a campesinos pobres por adjudicación de bienes baldíos de la nación.
  3. Queja ante la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), debido a la actuación ilegal del Grupo Empresarial La Gloria, al acumular baldíos de forma indebida y al obtener beneficios de violaciones de derechos humanos, cometidas contra campesinos y campesinas desplazadas de la Hacienda Bellacruz (Cesar)
  4. Intervención ante la Corte Constitucional (amicus curiae) para respaldar la acción de tutela instaurada por campesinos y campesinas de la Hacienda Bellacruz (Cesar) contra el Ministerio de Agricultura y el INCODER por atentar contra el patrimonio público y el derecho a la tierra de campesinos y campesinas.
  5. Intervención ante la corte constitucional (amicus curiae) para respaldar la acción de tutela instaurada por campesinos y campesinas despojadas del predio El Porvenir (Meta) por grupos paramilitares, tierras que luego fueron adjudicadas como baldíos de la nación a terceros desconocidos para finalmente ser dedicadas a la agroindustria.
Un nuevo ordenamiento territorial

Que proteja el medio ambiente, el uso productivo del suelo, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria.
He respaldado en el Congreso de la República la iniciativa para que el agua sea considerada como un derecho humano fundamental y bien esencial de la naturaleza para garantizar la vida humana. Así mismo, he denunciado ante las instituciones del Estado, las afectaciones en materia del acceso al agua como bien fundamental para la vida, que tienen la minería a gran escala, la minería en los páramos y la explotación de modelos de producción agro industriales.
He insistido también, en que las garantías para la soberanía y la seguridad alimentaria pasan por el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos de derechos, que puedan gobernar y administrar sus territorios, protegiendo el ambiente y produciendo los alimentos que necesitan las comunidades y el país para tener una vida sana.

Para que el territorio sea fuente de vida digna, productiva, ambiental y económica sostenible.
Durante estos tres años he venido impulsando las iniciativas de participación ciudadana contempladas en la Ley 1757 de 2015, orientadas a fortalecer la participación y decisión de las comunidades y los gobiernos locales sobre la vocación productiva, ambiental y económica de sus territorios.
En este sentido, he venido acompañando permanentemente a los procesos promotores de iniciativas de consultas populares sobre asuntos mineroenergéticos en distintos municipios del país. Es por esto que, durante el año 2016, interpuse ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dos intervenciones ciudadanas en respaldo a las consultas populares sobre minería en los municipios de Ibagué y Cajamarca. Con mi equipo de trabajo acompañamos permanentemente a los Comités Ambientales de ambos municipios, quienes han sido los promotores y promotoras de las consultas.

Una nueva producción minera y energética sostenible y soberana

Revocatoria, moratoria minera y de licencias ambientales a proyectos extractivos en zonas de páramos, nacimientos de agua, reservas forestales, bosques protectores, y en territorialidades campesinas, indígenas y afros.
He solicitado que se revoquen y/o deroguen las leyes que afectan el ambiente, los nacimientos de agua y la biodiversidad del país.
Es por esto que, junto con los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo, realizamos una intervención  ante la  Corte Constitucional en demanda al  Código de Minas,  por atentar contra el interés general y afectar el patrimonio ecológico de la nación al eliminar la exigencia de licencia ambiental como requisito para celebrar contratos de concesión minera; así como por desconocer  el derecho fundamental a la participación de grupos afectados por proyectos de aprovechamiento de recursos naturales no renovables, los derechos de las generaciones futuras a contar con un ambiente sano y una calidad de vida digna, por ausencia de planificación del aprovechamiento de los recursos naturales y por violación de los atributos de la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los resguardos indígenas.
También intervinimos ante la Corte Constitucional, en contra de la delimitación del Páramo de Santurbán que hiciera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que al permitir actividades mineras en “áreas para la restauración del ecosistema de páramo”, afecta los bienes de la naturaleza.
Finalmente, es de conocimiento público que, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, el gobierno nacional ha pretendido impulsar las economías extractivas como principales fuentes de ingreso, en detrimento de la sostenibilidad ambiental y los bienes de la naturaleza. Es por esto que en 2015 interpusimos demanda contra los artículos del PND que establecen las áreas de reserva estratégica mineras, el Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos  y  aquellos que permitían la minería en páramos del país.

Fortalecer a ECOPETROL como empresa 100% estatal y crear empresas públicas que controlen y administren la producción minera y energética.
He denunciado en las sesiones plenarias del Congreso de la República los intereses privatizadores del gobierno nacional, que pretende el detrimento del patrimonio público y las empresas de todos los colombianos y colombianas.
Especialmente hemos insistido, en el marco de la campaña “Unidos por ECOPETROL”,  en la necesidad de condenar a los responsables por el detrimento patrimonial del proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena, así como de exigir la implementación del Plan Maestro de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, ante los constantes incumplimientos del gobierno nacional al respecto.
Así mismo, he impulsado y participado de la movilización en contra de la venta de otras empresas públicas de la nación, como ISAGEN, la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB, y la Empresa de Energía de Bogotá EEB.

Las regalías de todos los minerales e hidrocarburos deben ser del 20%. Reducción del precio de los combustibles en un 50%.
He denunciado en el Congreso de la República que, sobre todo en relación con proyectos mineros, el Estado colombiano ha dejado de percibir regalías, favoreciendo a empresas multinacionales.
Ejemplo de ello, es el caso que denuncié en debate de control político en Comisión Séptima de Senado,  el “Caso de La Loma – Pribbenow de Drummond Ltda.” (Cerrejón), en el que las comunidades han dejado de percibir más de $94.000 millones de pesos por concepto de regalías.

El Estado debe garantizar los derechos de los trabajadores y las comunidades en territorios de explotación mineroenergética.
En lugar de verse beneficiados, los trabajadores y las comunidades de los territorios de explotación minera y de hidrocarburos han sufrido la mayor afectación por el modelo extractivista.
Es por esto que realicé un debate de control político, en la Comisión Séptima del Senado de la República, al Ministerio de Salud, sobre los impactos de la extracción de carbón a los trabajadores mineros y las comunidades de los departamentos del Cesar y la Guajira.
Así mismo, desarrollé en 2014, en la ciudad de Neiva, una Audiencia Pública sobre la situación de salud de los trabajadores y trabajadoras de la industria mineroenergética.
Fruto de las preocupaciones de los trabajadores, trabajadoras y comunidades, expresadas en estos debates y audiencias, radicaré en la legislatura 2017-2018 el Proyecto de Ley “Por medio del  cual se crea y reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas médico laborales, y de la pérdida de capacidad ocupacional y laboral”; iniciativa que no solo beneficiaría a trabajadores y trabajadoras enfermas del sector mineroenergético, sino de todos los sectores de la economía.

Una paz con participación de toda la sociedad

Además del apoyo a las negociaciones con las insurgencias, contribuiremos en la construcción de la paz y cambios sociales profundos con la participación en diversas iniciativas del movimiento social colombiano.
Como miembro de la Comisión de Paz del Congreso de la República en representación del Polo Democrático Alternativo, he apoyado e impulsado el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las FARC-EP. En la actual fase de implementación de acuerdos he respaldado la implementación en el Congreso de República y he exigido en numerosas ocasiones al gobierno nacional el cumplimiento de lo pactado.
Así mismo, he sido crítico de las iniciativas que, usando la vía “fast track” exclusiva para la implementación de los acuerdos, ha querido impulsar unilateralmente el gobierno nacional en detrimento de los derechos de campesinos y campesinas, como es el caso del Decreto 902 del 29 de mayo de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”; pues algunas de sus disposiciones no hacen parte de lo acordado en La Habana y propenden por el impulso de un modelo de desarrollo rural de carácter agroindustrial, en perjuicio de los campesinos y campesinas pobres y de la misma Reforma Rural Integral.
En el marco del proceso de diálogo que adelantan el gobierno y el ELN en Quito, me he comprometido, a través de la comisión de alto nivel que ha designado el Polo Democrático para acompañar el diálogo, con impulsar la participación de la sociedad en el actual proceso. Estoy convencido de que el éxito de este diálogo estará asegurado si todos los sectores de la sociedad, no solamente los que hacen parte de organizaciones sociales y políticas, pueden hacer escuchar sus propuestas y necesidades para alcanzar un acuerdo que permita al país superar la guerra.
Hemos dicho que la superación de la guerra pasa necesariamente por garantizar cambios y transformaciones estructurales en la sociedad, especialmente por reconocer el derecho a vivir en una sociedad menos violenta y militarizada. En este sentido, impulsé con organizaciones juveniles y con la bancada del Polo Democrático el Proyecto de Acto Legislativo 096 de 2015 Cámara “Por medio del cual se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”,  con el objetivo de permitir que los jóvenes pudieran tener la alternativa de prestar un servicio social para la construcción de paz, no estando obligados a prestar servicio militar.
Finalmente, hemos dicho también que la construcción de paz va más allá de las negociaciones con las insurgencias. Es por esto que como Senador Campesino me he comprometido con distintas iniciativas de construcción de paz desde la sociedad civil como ha sido la Campaña “La Paz SÍ es Contigo”, el Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz y el Congreso Nacional de Paz.

 

Otras iniciativas

Otros Proyectos de Ley
Como Senador de la Comisión Séptima, encargada de los temas relacionados con prestaciones y seguridad social, asuntos laborales y sindicales, recreación, deporte, vivienda, organizaciones comunitarias, mujeres y familia he sido coautor y ponente de distintos proyectos de iniciativa de la bancada del Polo Democrático Alternativo:

  • Proyecto de Ley 170 de 2016 Senado “por el cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados”: Esta iniciativa pretendía reducir la cotización en salud de los pensionados del 12% al 4% y fue aprobada por el Congreso el pasado 25 de mayo de 2017, sin embargo fue objetada por el Presidente Santos con el argumento de afectar el equilibrio fiscal de la nación.
  • Proyecto de Ley 177 de 2016 Senado “por medio de la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”: Esta iniciativa fue radicada con el propósito de restablecer el pago de horas extras nocturnas a partir de las 6:00 p.m. y no desde las 10:00 p.m. como se estableció en el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, solo se logró recuperar el pago de 1 hora para los trabajadores, es decir a partir de las 9:00 p.m.
  • Proyecto de Ley 013 de 2016 Senado “por medio de la cual se incrementan las pensiones de forma anual en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente”: Actualmente las pensiones aumentan con base en el aumento del Índice de Precios al Consumidor y no con base en el salario mínimo, como aumentan los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Esta situación afecta significativamente a los pensionados y pensionadas con más bajas mesadas, pues en 2017 por ejemplo, el aumento del IPC fue solo del 5.75%, mientras el del SMLV fue del 7%.
    Por esta razón, con este proyecto que está pendiente de surtir segundo debate en la plenaria del Senado, pretendemos que las pensiones para quienes reciben hasta 3 salarios mínimos aumenten anualmente en el mismo porcentaje que lo hace el salario mínimo legal.
  • Proyecto de Ley No. 163/2016 Senado “Por medio de la cual se expide la ley del actor para garantizar los derechos laborales, culturales y de autor de los actores y actrices en Colombia”. Defendí como ponente este proyecto de ley que propone dignificar la labor de los actores y actrices colombianos, quienes sin ningún respaldo por parte del Estado ejercen la labor de llevar el patrimonio inmaterial del país al mundo y preservarlo a los Colombianos. El proyecto busca reconocer a la vocación actoral como una profesión la cual debe ser reglamentada y brindar derechos asociados al trabajo.

 

Otros Debates de Control Político
He sentido de cerca las problemáticas de los presos políticos y sociales del país, he visitado varias cárceles y cada semana llegan a mi oficina solicitudes y quejas de prisioneros y prisioneras sobre la crisis humanitaria que se vive a nivel nacional.
Por esta razón, realicé en la Comisión Séptima del Senado de la República dos debates de control político: al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia, sobre la situación de salud en las cárceles del país. Fruto de estos debates se ha creado una comisión con parlamentarios de distintos partidos políticos y los Ministerios de Salud y de Justicia para encontrar soluciones que garanticen el derecho a la salud a la población carcelaria.

Otras Audiencias
En el marco de la Campaña “Hogar Digno Hogar” impulsada por el Congreso de los Pueblos, realicé durante 2015 y 2016 cinco Audiencias Públicas por “Hábitat, Vivienda Digna y Servicios Públicos Domiciliarios” en las ciudades de Cali, Popayán, Medellín, Bogotá y Bucaramanga.
Fruto de estas audiencias he continuado respaldando las exigencias de pobladores y pobladoras urbanas por un hábitat digno y en contra de los desalojos forzosos.

Construir paz significa garantizarle derechos a las trabajadoras y trabajadores que construyen esta nación, los cuales son víctimas de un trato inadecuado y hoy no tienen garantías ni derechos para una vida digna
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