El día de ayer, en la Universidad Popular del Cesar, se reunieron distintas comunidades que hacen parte del corredor minero de carbón de la Costa Caribe colombiana. Más de 200 personas de las comunidades de El Hatillo y Plan Bonito, municipio de El Paso, Boquerón, de La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná, Agustín Codazzi, del departamento de Cesar; así como de Don Jaca y Taganga, pueblos aledaños a Santa Marta, y comunidades de Barrancas, municipio de La Guajira, quienes expusieron las graves condiciones en las que viven hace décadas por causa de la extracción de carbón, cuyos residuos, material particulado o polvillo de carbón, enferma y mata a la población, contamina y seca los ríos y causes de agua destinada para el consumo humano, y vuelve la tierra infértil para la producción de alimentos.
En este escenario también se dieron a conocer resultados de investigaciones académicas de la Universidad de Cartagena, en las que se presentan evidencias suficientes sobre los impactos en la salud de seres vivos expuestos a los distintos residuos y materiales utilizados para la extracción de carbón a cielo abierto. A través de análisis de animales que habitan en las zonas mineras, se demuestra una relación significativa entre la exposición al polvillo de carbón y el desarrollo de distintas enfermedades, entre las cuales las más recurrentes son las afecciones cardiovasculares y a nivel hepático, diversos daños en la piel, delgadez extrema –similar a la encontrada en la desnutrición–, y obesidad mórbida.
Igualmente se hicieron presentes trabajadores del sector, que buscan no solamente que la actividad minera no afecte más los territorios, a las comunidades aledañas a las zonas de explotación y sus propias condiciones de salud, sino también procesos de reconversión productiva para recuperar las tradiciones rurales de trabajo en el campo, para cubrir la oferta laboral que la minería se ha venido apropiando en estas y muchas otras zonas del país. Porque es una exigencia de las comunidades y una lucha por sus derechos el seguir siendo campesinas y campesinos.
El objetivo de la Audiencia realizada ayer en el Cesar, tiene que ver con que las distintas perspectivas sobre los impactos de la minería de carbón a cielo abierto en la salud de las comunidades y en los territorios sean atendidas por las entidades competentes, así como por las empresas del sector, quienes ya han sido notificadas las ordenes de la Corte Constitucional, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para adelantar un estudio epidemiológico en la Zona Centro del Cesar costeado por las empresas Drummond y Prodeco, así como la adopción de medidas para la explotación de carbón que disminuyan la contaminación del aire, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud – OMS sobre los estándares mínimos de la calidad de aire respirable en zonas habitadas, atendiendo a que el centro del Cesar ha sido catalogado como “área fuente de contaminación” desde el año 2012.
Estas órdenes, que vienen realizándose desde el 2011, por el Ministerio de Ambiente, y entre 2013 y 2016, por la Corte Constitucional y la ANLA, todavía no han sido cumplidas, a pesar de las exigencias de las comunidades más afectadas, que además se encuentran en procesos de reasentamiento involuntario por causa de la expansión de las minas de carbón. Como la comunidad de El Hatillo, que desde el año 2010 fue incluida por el Ministerio de Ambiente dentro de un plan de reasentamiento y que al día de hoy continúa exigiendo que se dé cumplimiento a este plan, pues las condiciones de la zona en la que todavía se encuentra la comunidad son lamentables.
En este contexto también quiero alertar al Congreso de La República y a la ciudadanía en general, sobre la posible construcción de un muelle de embarque de carbón, incluido en un proyecto para la creación de un Complejo Industrial para el transporte del mineral, en un lugar conocido como Puerto Petacas, ubicado en la bahía de Taganga, zona aledaña al Distrito de Santa Marta. Ante las fehacientes afectaciones sobre la superficie marítima de las que hay evidencia en los puertos de embarque de la Zona Costera del Magdalena, así como en inicio de operaciones en el puerto de Cartagena, es muy preocupante que se pretenda seguir expandiendo la cadena de contaminación del carbón por este departamento.
Es por todo lo anterior que saludo y acompaño las justas reivindicaciones de las comunidades afectadas, así como de los trabajadores y trabajadoras del sector, y con un pie en la institucionalidad pero miles en la movilización, me comprometo a hacer seguimiento a sus exigencias, con el fin de que podamos avanzar en una veeduría ciudadana y un control político efectivo para que se atienda urgentemente a las comunidades ya afectadas por la actividad minera, se brinden soluciones eficaces para recuperar los territorios rurales para la producción de alimentos y se puedan prevenir futuras afectaciones en territorios y comunidades que siguen resistiendo ante la llegada del extractivismo.
Alberto Castilla Salazar
Senador de La República
Polo Democrático Alternativo
