La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo, a propósito de la sesión de la comision de paz del senado realizada el pasado 28 de Febrero de este año, manifestó se preocupación frente a la delicada situación humanitaria de la región, denuncia el grave abandono histórico por parte del estado y realiza 19 propuestas para avanzar en la solución de la crisis.
Llamamiento De La Comisión Por La Vida, La Reconciliación Y La Paz A la Comisión De Paz Del Congreso
Febrero 28 de 2020. La Playa De Belén Región del Catatumbo.
SEÑORES: Comisión De Paz Del Congreso De La República
Cordial Saludo.
Señores y señoras comunidad catatumbera, miembros de la Comisión de Paz del Congreso, Funcionarios del Gobierno Nacional, Gobernador de Norte de Santander, señores Alcaldes, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Personeros Municipales y organismos internacionales.
La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo es un espacio de articulación en el que confluyen los distintos procesos sociales y comunitarios de la región del Catatumbo, conformado en 2018 en la búsqueda de respuestas humanitarias a la grave crisis social, política y económica de la región del Catatumbo a raíz de la agudización del conflicto armado. Este espacio es acompañado por Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la comisión diocesana de reconciliación y paz de la iglesia católica.
Como bien es sabido, la región del Catatumbo históricamente ha sufrido las consecuencias del abandono histórico del estado, situación que se agrava ante la falta de la garantía de acceso a derechos, lo cual ha generado una serie de problemáticas de distinto orden que actualmente siguen sin solución. Como ingrediente a estas problemáticas, está la falta de voluntad de los sucesivos Gobiernos que han hecho caso omiso a sus obligaciones y demás responsabilidades con la comunidad campesina del Catatumbo.
Frente a ello y a pesar de la existencia de grandes avances en la construcción de escenarios de interlocución y la puesta en conocimiento de las demandas y necesidades de las comunidades construidos y logrados al calor de la lucha social, se evidencia un claro incumplimiento a los acuerdos pactados en dichos escenarios. Esto se reflejan en la crítica situación humanitaria actual y está relacionada con el evidente incumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP en su integralidad y también por la terminación de la mesa de diálogos con el ELN, acción que de plano está en manos del Gobierno Nacional en su deber de velar por la construcción de la paz.
Como es de público conocimiento, la guerra que se presenta entre ELN y el EPL desde el año 2018, los paros armados declarados por ambas organizaciones en febrero de este año, y progresiva militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública, se han traducido en agresiones permanentes contra la población civil con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entre éstas desplazamientos forzados y confinamiento de comunidades campesinas, así como amenazas, secuestros, constreñimientos y asesinatos de líderes sociales, ex guerrilleros de las FARC – EP y amenazas generales a las organizaciones campesinas y acción comunal que se han convertido en una situación constante en la región en los últimos 2 años. Las restricciones a la movilidad han generado un empobrecimiento progresivo del campesinado que sigue acumulando deudas y está en constante victimización.
Desde el 5 de febrero de este año se han registrado varias situaciones que evidencian una grave crisis humanitaria. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), a 21 de febrero más de 20.000 personas se encontraron en el Catatumbo con restricciones de movilidad y acceso a la salud, al menos 11.700 niños, niñas y adolescentes estaban sin acceso a educación. Además, 489 personas se han reportaron desplazadas en las alcaldías en tres desplazamientos masivos. La Asopersoneros del Catatumbo reportó que 675 toneladas de productos agrícolas se perdieron. Recordamos que en 2018 los combates registrados por esta confrontación provocaron el desplazamiento masivo de 14.902 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo, ubicándose esta región en el primer lugar del país en desplazamientos ese año. Asimismo, se registraron 33 comunidades en situación de confinamiento. En 2019, estas tensiones se materializaron en el desplazamiento masivo de 2.874 personas. Al menos 14 muertos y 69 heridos han resultado por incidentes con MAP y MUSE, desde 2018 según la oficina de Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el periodo de 2015 a 2019 se ha registrado un incremento del 77% de la tasa de homicidios en la región. Tibú presentó una tasa de homicidios de 244 por 100.000 hab. en 2019. Esto a pesar del incremento progresivo del pie de fuerza en la región. La gravedad de esta situación está recogida en los 7 informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo vigentes en la región.
Actualmente todos los procesos sociales y acción comunal que confluyen en la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo enfrentan amenazas directas de distintos actores armados que impiden el normal desarrollo de su trabajo organizativo en territorio. La respuesta estatal a esta realidad se ha limitado al aumento de pie de fuerza, lo que en la práctica sólo ha significado el aumento de los niveles de riesgo para las comunidades campesinas y sus liderazgos, como muestra de ello se tiene que en lo corrido del año han sido asesinados 3 líderes sociales en la región. Desde 2018, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado el homicidio de 14 defensores y defensoras del Catatumbo, la mayoría comunales y miembros de asociaciones campesinas. Muchos defensores y defensoras han tenido que salir del territorio para preservar sus vidas y los que permanecen han reducido significativamente su labor defensa de las comunidades, quedando estas en mayor vulnerabilidad.
Así las cosas, en este escenario que demuestra el peligro para la comunidad en general y para las organizaciones sociales, cabe hacer una serie de cuestionamientos que la comunidad quiere que sean resueltos. Como ya se mencionó existen una serie de falencias e incumplimientos reiterados desde los paros agrarios desarrollados en los últimos años, por ello preguntamos:
¿ qué paso con los acuerdos sociales de la mesa de interlocución y cuerdo MIA -Catatumbo? ¿ qué paso con los acuerdos de la mesa social y comunitaria? ¿ por qué no se ha cumplido la sentencia T – 052/17? ¿ por qué el señor José Emilio Archila no permite la participación de las organizaciones sociales en la construcción de la hoja de ruta del PDET? ¿Cuáles son las intenciones de incumplirles a las 3.000 familias que firmaron el acuerdo de sustitución de cultivos de coca en los municipios de Tibú y Sardinata? ¿Dónde está la Reforma Rural Integral? ¿Dónde está la expansión de la democracia? ¿Dónde quedaron los derechos de las victimas del conflicto? ¿Dónde está el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito? ¿acaso no hay planes para volver a la erradicación forzada y el uso del glifosato siendo este cancerígeno según concepto de Naciones Unidas? ¿Dónde está el fin del conflicto armado? ¿Dónde están las garantías de seguridad para los ex combatientes y los líderes y lideresas sociales? ¿Dónde esta la participación política de las víctimas?
Con lo expuesto anteriormente creemos que las causas de la crisis social humanitaria que vive el Catatumbo obedece a una serie de factores estructurales de fondo con antecedentes históricos que no se reducen a la actual confrontación armada entre el ELN y el EPL, los cuales, deben ser resueltos de acuerdo a nuestras realidades sociales, económicas, políticas y demás relacionadas, por lo tanto, realizamos las siguientes propuestas:
- Que las organizaciones alzadas en armas que hacen presencia en el Catatumbo hagan manifiesto el compromiso de suspender hostilidades que afecten a la población civil, se respeten sin excepción a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, las juntas de acción comunal y se reconozca el acuerdo de paz con las FARC-EP, como un mecanismo para avanzar en la búsqueda del cierre definitivo del conflicto armado a través del diálogo.
- Como medida de urgencia solicitamos al Gobierno Nacional y el Gobernador permitan conformar una Comisión Humanitaria con la Comisión Diocesana de Reconciliación y Paz de la iglesia católica y la Comisión por la Vida la Reconciliación y la Paz del Catatumbo que sea facultada para buscar mínimos o acuerdos humanitarios que sustraigan a la población civil del conflicto armado. Así mismo, instamos a la comisión de paz del congreso a que acompañe los escenarios de dialogo social en la región y que permitan formular mecanismos alternativos que mitiguen los impactos del conflicto armado en Catatumbo.
- Solicitamos al Gobierno Nacional, al Gobernador y Alclades el inicio de diálogos regionales de paz, siguiendo el modelo de diálogos útiles aplicado en 2017 y 2018 desde el Consejo departamental de Paz, que permitan despejar el camino del dialogo nacional por la paz con las organizaciones alzadas en armas y garantizar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y a su vez la consecución de la paz completa.
- A la gobernación y alcaldías identificar a familias que por la crisis humanitaria no pudieron cumplir obligaciones de crédito a tiempo con instituciones financieras del sector público y condonar sus deudas. De igual manera subsidiar a aquellas familias que teniendo obligaciones con empresas privadas o particulares no pudieron cumplirlas por la crisis humanitaria. Esto está reconocido en la Ley 1448 de 2011, artículo 128. Se requiere un plan de inversión para recuperación de las pérdidas de los pequeños y medianos agricultores.
- Se active la atención a las víctimas de la crisis humanitaria mencionada en el marco de la Ley 1448 de 2011 para asegurar su atención integral. Se solicita seguimiento de la Procuraduría en la aplicación de esta norma.
- Dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en los siete informes vigentes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la situación en la región.
- Dar seguimiento y cumplimiento a las propuestas a las acciones articuladas desde la Comisión, por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, incluidas las propuestas de prevención y protección realizadas en la Mesa por la Vida del 12 de Junio de 2019 en Ocaña con presencia del Procurador, Defensor y Presidente Duque.
- Ante la falta de garantías de seguridad se solicita brindar garantías y acompañamiento para adelantar las asambleas que deben definir la renovación de las Juntas de Acción Comunal hasta tanto se recobre un mínimo de normalidad en el territorio. Se priorice y concerte con la acción comunal la implementación del CONPES 3955.
- Se solicita re programar los cronogramas de construcción de los planes de desarrollo municipales y departamental para que se garantice la participación integral y activa de las comunidades campesinas, acción comunal e indígenas y las organizaciones sociales.
- Solicitamos a la comisión de paz del congreso de la república y al Gobernador de Norte de Santander sus gestiones para la reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo – MIA – Catatumbo, establecida en el decreto 870/14 proferido por el Ministerio del Interior.
- Solicitamos al Gobernador de Norte de Santander la reactivación de la Mesa Social y Comunitaria de 2017.
- Solicitamos a la comisión de paz del congreso de la república hacer el seguimiento y control político al cumplimiento de la sentencia T – 052/17, que dirime el conflicto territorial en cuanto a la ampliación, delimitación, saneamiento de los resguardos indígenas del pueblo Bari y la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.
- Que el Congreso de la República se comprometa a garantizar la aprobación de la Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que reivindican los derechos de las víctimas en los territorios más afectados por el conflicto.
- Que el Congreso de la República se comprometa a garantizar el trámite legislativo del tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de coca marihuana y amapola. Así mismo, que se realice seguimiento y control político al auto proferido por la Corte Constitucional 385/19 en materia de procedimientos de reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato.
- Solicitamos la mediación y acompañamiento de la comisión de paz del congreso de la república con el fin de que la consejería presidencial para la consolidación y la estabilización acuerde un espacio de reunión con las organizaciones sociales de la Comisión por la vida, reconciliación y la paz, para efectos de dar nuestros aportes y visión del territorio con relación a la hoja de ruta del PDET Catatumbo.
- Solicitamos que el congreso de la república haga seguimiento y control político a la política de Catatumbo Sostenible, Zonas Futuro y PDET Catatumbo, en concordancia con el fallo proferido por la Corte Constitucional que condiciono la ley 1941/18 y su decreto reglamentario 2278/19, para que sea permitida la participación de las comunidades, la prevalencia de lo establecido en el acuerdo de paz y la no composición de un enfoque con componente militar en los territorios planteados desde la Zonas Futuro o Zonas Estratégicas de Intervención Integral.
- Que el Gobierno Nacional se comprometa a no dilatar más la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP en todo el territorio nacional.
- Que el Gobierno Nacional se sirva adelantar las negociaciones de paz con las organizaciones alzadas en armas recordando al señor Presidente de la República que la Corte Constitucional le devuelve las funciones que le estaba entregando al Consejo de Seguridad Nacional. Esto en inmediato para efectos de retomar los diálogos de paz con el ELN y construir una paz completa.
- Solicitamos al Gobierno Nacional que como muestra de su compromiso en la construcción de la paz reactive las funciones de los gestores de paz del ELN y que jueguen un papel determinante en la búsqueda de la resolución del conflicto y la crisis humanitaria en el Catatumbo.
Finalmente, nos permitimos expresar la voluntad del pueblo campesino de la región del Catatumbo en persistir en el territorio, en seguir dando nuestros aportes en la construcción de la paz territorial y la paz completa como eje central de la convivencia en el territorio.
Atentamente;
Comisión Por la Vida, La Reconciliación y la Paz
