El día de hoy 18 de marzo cerca de 1.200 personas enviaron una misiva al presidente Iván Duque exigiendo diálogo y atención a las exigencias de miles de infígenas y campesinos que llevan más de una semana manifestándose, donde la única respuesta por parte del gobierno nacional ha sido la represión . En la misiva rechazan las agresiones y uso de artefactos no convencionales por parte de la Fuerza Pública y los señalamientos que varios medios de comunicación han realizado a las y los manifestantes. Compartimos la carta a continuación:
CARTA ABIERTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EN RESPALDO A LA MINGA SOCIAL DEL SUR OCCIDENTE
Bogotá, 17 de marzo de 2019
Señor Presidente
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Casa de Nariño
Ciudad
Cordial saludo.
Ante la falta de voluntad de diálogo de su Gobierno y, sobre todo, ante la respuesta violenta a las reclamaciones populares que evidencian su carácter autoritario, diversas organizaciones y liderazgos de distintos sectores, le dirigimos de manera urgente esta comunicación expresando de antemano nuestro respaldo a la Minga Social del Sur occidente, en la que comunidades campesinas, negras e indígenas se manifiestan por la vida, el territorio, la democracia y la paz de la región y el país. Son muy conocidas por la sociedad colombiana las condiciones de injusticia y militarización que viven estos pueblos en particular, mucho más evidentes que las de otros países para donde se ha querido distraer nuestra atención, por lo que la movilización pública que han emprendido desde el pasado 10 de marzo es innegablemente legítima.
Es en el sur occidente colombiano donde se presenta el mayor número de asesinatos de líderes sociales, en medio del desprecio estatal y la reconfiguración del conflicto armado. Es allí en donde la crisis humanitaria es más profunda, pero igualmente, en donde el movimiento social se ha destacado por su capacidad propositiva y su disposición a concertar con la institucionalidad local y nacional. De hecho, esta Minga exige el cumplimiento de docenas de acuerdos con diferentes gobiernos que a nombre del Estado se han comprometido a cumplir.
Y son movimientos que no son ajenos a los problemas del resto del país, por lo que hacen suyas las banderas nacionales por la estabilidad y la continuidad del proceso de paz, la defensa de la JEP, las múltiples objeciones al Plan Nacional de Desarrollo, la renuncia del Fiscal General, las garantías para la vida y los derechos, y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Son varios de los asuntos que la Minga Social ha planteado conversar con Usted Señor Presidente, y presentarle alternativas desde los Planes de Vida de las distintas comunidades.
Rechazamos por lo tanto el tratamiento militar que su Gobierno le está dando a la protesta campesina, negra e indígena, con un alto saldo de personas heridas, golpeadas y retenidas, además del asalto brutal al campamento de uno de los 5 puntos de concentración, en el que el ESMAD quemó la totalidad de las carpas, con sus víveres, colchones y prendas de vestir, pertenecientes a las 150 familias ubicadas allí, en el corregimiento de El Cairo, en el municipio de Cajibío. En consecuencia, con tono de exigencia solicitamos a su Gobierno y a las FFAA que se detenga la represión al movimiento social del sur occidente, la libertad inmediata de las personas retenidas y la instalación, por el contrario, de una mesa de diálogo, con la comparecencia de Usted, como lo ha requerido la Minga Social.
Llamamos la atención además sobre la desinformación y estigmatización que se hace por parte de sus funcionarios públicos, al igual que en algunos medios de comunicación. La Minga Social nace y se desarrolla autónomamente en el seno de las comunidades, a través de ejercicios de decisión y organización propios. Es una irresponsabilidad total intentar justificar una reacción violenta contra ella a partir de señalamientos sobre manipulaciones ajenas a los intereses expresos de los pueblos del sur occidente.
Esperamos que, como derivación de la situación planteada, Colombia y el mundo podamos ver la misma voluntad, compromiso institucional y disposición financiera para responder como lo ha hecho en el caso de la “ayuda humanitaria” a Venezuela, lo cual tampoco hemos aceptado.
